La 'vuelta al cole' costará entre 223 y 1.640 euros según el tipo de colegio

El "palo al bolsillo" se puede paliar en parte con las ayudas para la compra de libros

Las familias españolas se gastarán este año en 'la vuelta al cole' de sus hijos entre 223 y 1.640 euros dependiendo de que elijan un centro público o uno privado, según un estudio presentado hoy por la Unión de Consumidores de España (UCE) que contempla el gasto en libros de texto, comedor, uniforme, matrícula y transporte.

El dinero que las familias invierten cada mes de septiembre en la vuelta al colegio de sus hijos tras las vacaciones varía en función de las comunidades autónomas y, también, en función de si se opta por un centro público --como hacen el 80 por ciento de las familias españolas--, concertado o privado.

Así, en la Educación Primaria, el coste es de 223 euros para un colegio público; 904 euros para uno concertado; y 1.640 euros para uno privado, incluyendo la primera mensualidad. Por su parte, en Educación Secundaria, los gastos aumentan en el caso de los colegios públicos (437 euros) y concertados (1156 euros), y se mantienen en el caso de los privados (1.640 euros).

Ayudas para la compra de libros

Según la UCE, estas cifras indican que en aquellas comunidades autónomas donde se apuesta por una mayor presencia de concertados o privado, la 'vuelta al cole' resulta "más gravosa", ya que este tipo de centros añaden partidas extras como actividades extraescolares o el uniforme, que puede suponer un gasto de entre 289 y 526 euros en el caso de las chicas, y de entre 310 y 542 euros, en el caso de los chicos.

Además, los diferentes sistemas y criterios de ayudas para la compra de libros de texto entre unas comunidades y otras generan, a juicio de los consumidores, "una importante desigualdad" del impacto que para los bolsillos de los padres provoca la apertura de las aulas.

En este sentido, UCE señala el contraste entre las comunidades donde se aplica el criterio de gratuidad total al conjunto de los escolares, bien a través de chequelibros o de la reutilización, y las otras regiones donde se continúan empleando el criterio de becas en función del nivel de renta, lo que deja fuera a una proporción del alumnado.

La Unión de Consumidores de España considera que el modelo de reutilización es el "más positivo" en cuanto a la reducción del gasto, y además fomenta en el alumno valores de responsabilidad y respeto por el material de trabajo.

Comedores escolares

El estudio se ha completado con otro informe comparativa sobre el coste de los comedores escolares en colegios públicos, en el que se aprecian "notables" diferencias de precios en las diferentes comunidades autónomas analizadas.

Cataluña es la comunidad donde más cara resulta dejar a un niño a comer en el comedor del colegio con un gasto medio de 6.18 euros cada día, seguida de Galicia, con 5,27 euros; Aragón, con 4,99 euros; Extremadura, con 4,46 euros; Madrid, con 4,32 euros; Castilla la Mancha, con 4,26 euros; Valencia, con 4.05 euros; Murcia, con 3,97 euros; Cantabria y Castilla y León, con 3.74 euros; y, finalmente, Andalucía y Asturias, con 2,18 euros.

No obstante, UCE señala que estos precios pueden variar dependiendo de los ingresos familiares y número de hijos, puesto que en determinadas condiciones se puede acceder a ayudas o becas para sufragar los gastos del comedor.

Recomendaciones para ahorrar

UCE aconseja informarse sobre las ayudas que cada comunidad autónoma otorga para adquirir libros de texto así como barajar la posibilidad de utilizar los libros que han sido usados por hermanos, familiares o vecinos. Además, los Ayuntamientos y el propio Ministerio de Educación ofrecen diferentes becas y ayudas al estudio.

Asimismo, recomienda ni dejar la compra de material escolar para los últimos días ni comprar todo el material a la vez en el mismo establecimiento, ya que puede haber variaciones de precios de unos lugares a otros. "No hay que dejarse llevar por los deseos del menor, al que además hay que inculcar valores como el respeto y la conservación de sus útiles de trabajo", añade.

Por último, aconseja "huir de las marcas o de los productos escolares con recursos publicitarios", que usan, por ejemplo, personajes del mundo de la animación, de la televisión o del cómic para promocionar su venta, ya que suponen un incremento del precio del producto final.

Vía: Finanzas.com

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Familias
Ayudas

La banca rechaza dar créditos a la VPO y frustra el plan del Gobierno

Los promotores constatan el “rechazo masivo” de las entidades financieras a la concesión de préstamos para pisos protegidos. Las dudas sobre la solvencia de los compradores complican el programa de avales del ICO.

La mezcla de las crisis inmobiliaria y financiera puede resultar explosiva. La construcción residencial depende en gran parte del acceso a la liquidez, y el sector se ahoga por las restricciones de crédito para promover vivienda libre.

La tabla de salvación propuesta por el Gobierno era impulsar la vivienda protegida (VPO), que proporciona un margen menor que los pisos libres (el 8% de beneficio frente a más del 20%) pero parecía una apuesta segura. Sin embargo, ahora también pende de un hilo, porque bancos y cajas ya rechazan de forma “masiva” conceder créditos hipotecarios para este tipo de inmuebles, según reconocen los propios promotores.

“VPO construida es VPO vendida”, rezaba el axioma recurrente en el sector, acuñado por el propio presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), Guillermo Chicote. Pero a la vuelta de vacaciones en su patronal se han encontrado con numerosas quejas de empresarios inmobiliarios: “No les dan préstamos ni para la vivienda protegida”, señalan.
“La VPO nunca se había visto afectada por la crisis financiera, hasta ahora, que se están notando sobremanera las restricciones de liquidez”, aseguraron a EXPANSIÓN fuentes oficiales de APCE.

Que bancos y cajas hayan cerrado el grifo a la VPO supone un obstáculo más para las intenciones del Ejecutivo, que pretende que se inicien 150.000 pisos sociales al año. Es decir, casi el doble que en 2007 (83.859). Esto ya resultaba muy difícil tras el dato del primer trimestre de 2008, que arrojó una caída del 60% con respecto a igual periodo del año pasado.

Ante el parón de la financiación para VPO que constatan los promotores, también peligra el éxito del plan de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Este organismo, dependiente del Ministerio de Economía, ha habilitado líneas para titulización de créditos hipotecarios de VPO que en 2008, 2009 y 2010 sumarán 15.000 millones de euros. Con ello se rompía en cierta medida el caparazón de la financiación inmobiliaria.

Pero ahora los expertos temen que el ICO no “sume” viviendas protegidas al contador total, sino que “sólo” cubra las carencias que derivan de la depresión financiera y maquille la caída. Lucio Rivas, técnico urbanista y socio del bufete Urbe Asesores Jurídicos, opina que el “cierre súbito” de la financiación arroja un panorama “bastante inquietante, ya que el único nicho de mercado con salida es, hoy por hoy, la vivienda protegida”. No en vano, los empresarios del ladrillo acumulan entre 0,8 y 1,2 millones de pisos libres nuevos sin vender.

Precisamente para mitigar el impacto de la crisis financiera en la VPO, el Gobierno ultima una modificación reglamentaria del régimen de los títulos del mercado hipotecario, mediante la cual se permitirá a las entidades financieras utilizar los préstamos de viviendas en derecho de superficie –fundamentalmente, VPO– como garantía de las emisiones de cédulas hipotecarias y bonos (ver este diario del 26 de agosto). Esta reforma se espera para “finales de otoño”, según fuentes oficiales del Ministerio de Vivienda.

“Menos solvencia”
Pero las fuentes bancarias consultadas aseguran que esta medida no solucionará el problema, porque éste es “mayor”. “La coyuntura ha cambiado para todos y eso se traduce en que empresarios y particulares presentan un perfil de solvencia menor que antes”, aseguran. Es decir, que “cada entidad elige a quién le concede financiación”, y a los que “hace tres años se les daba el préstamo, ahora ya no”, añaden. Así, dudan sobre todo de la solvencia de los compradores de VPO, por sus especiales características económicas (en general, menor salario y condiciones laborales menos seguras).

Un último aspecto que tienen en cuenta los analistas es qué pasará con la compra gubernamental de suelo por valor de 300 millones de euros para construir en él VPO. “¿Quién va gestionar ese suelo y esas viviendas? ¿Es posible asegurar su financiación? ¿Es más beneficioso construir VPO privada que vender el suelo a la Administración?”, se pregunta Lucio Rivas.

Vía: Expansión

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Huertos solares, ¿un fraude masivo de ley de consecuencias previsibles?

@S. McCoy

Conocí la industria de los huertos solares en la primavera del año 2006. Trabajaba entonces para la banca privada de un banco internacional con amplia presencia en nuestro país. A través de uno de los pioneros en la comercialización de este tipo de activos en España, se nos ofreció el colocar hasta 20 megavatios de potencia fotovoltaica entre nuestros clientes. Se trataba de una inversión, a priori, a balón parado. La norma que entonces regulaba la tarifa, el RD 436/2004 de 12 de marzo, ofrecía una prima sobre la misma del 575% los primeros 25 años, y del 460% los restantes de vida útil de la planta, a aquellas instalaciones cumplieran unas determinadas características, que luego veremos. Se trataba de una operación muy apalancada, doble negocio para el banco, con el coste de financiación cerrado de antemano, que prometía rentabilidades superiores al 10% anual en un umbral temporal cercano a los 40 años. Casi nada.

Efectivamente, no era una decisión exenta de riesgos, si bien el binomio retorno-incertidumbre claramente jugaba a favor del primero. La obtención del suelo con sus correspondientes licencias, el aprovisionamiento de los paneles, el acuerdo de suministro e incluso la propia inscripción registral podían alargar los plazos y estropear una oportunidad que tenía fecha de caducidad. La propia norma contemplaba el final de esas ventajosas condiciones una vez que la potencia instalada en España alcanzara, ríanse ustedes, la cantidad de 50 megavatios, el triple, de hecho, de lo que había en el total de la Península Ibérica a finales de 2005. En la actualidad, y según datos de la propia industria, 2008 podría concluir con 1.800 megavatios de producción solar fotovoltaica conectados a la red eléctrica (frente a los 812 a final de julio). Exactamente cuatro veces y media más de lo que el gobierno preveía para, agárrense a la silla, finales de 2010. Se ha producido un boom innegable al que, más allá de los casos de corrupción derivados de las calificaciones de suelos o vinculados a la concesión de licencias administrativas -lo que ha aflorado en Castilla y León es sólo la punta del iceberg de un fenómeno presente en toda España-, sólo cabe poner un PERO, con mayúsculas: está, en gran medida, edificado sobre un gigantesco fraude de ley.

En efecto, el Real Decreto de 2004 no era sino el desarrollo legislativo de una serie de iniciativas paneuropeas y nacionales que buscaban incrementar el porcentaje de satisfacción de la demanda energética por medio de las energías renovables. Para ello se establecía un sistema de primas que perseguía fomentar su desarrollo a la vez que salvaguardaba los intereses de unas compañías eléctricas a las que la norma obligaba a adquirir la producción que por dichas fuentes se obtenía (de ahí la seguridad de los cash-flows del modelo). En el caso específico de la energía solar fotovoltaica sólo se podrían beneficiar de las bonificaciones aquellas instalaciones que tuvieran menos de 100 kW de potencia instalada por titular y punto de evacuación a la red. Una apuesta clara por el pequeño productor y el autoconsumo. Pero, claro está, hecha la ley, hecha la trampa. Bastaba, con la connivencia de todos los interesados, con crear tantas sociedades como fuera necesario para poder acaparar huertos que disfrutaran, aun dentro del mismo parque, de distintos puntos de evacuación. Un hecho que, sorprendentemente, reconoce explícitamente el suplemento de Expansión de este lunes sobre la XXIII Conferencia del sector que está teniendo lugar en Valencia a lo largo de esta semana. Cito literalmente: "aunque operativa y legalmente el máximo para producir dentro de la tarifa fotovoltaica son sistemas de cien kilovatios, los promotores utilizan esta potencia como base y crean sociedades distintas para explotar cada una de estas unidades". Con un par. Total, a estas alturas de la películo, para qué esconderse.

No es de extrañar que ese rey del timing que es Miguel Sebastián, capaz de decir una cosa y hacer justo la contraria al día siguiente, haya decidido, a instancias seguro del lobby eléctrico, cortar por lo sano y reducir sustancialmente las primas de las que disfruta el sector, minorando aún más las tarifas fijas que ya anticipara el RD 661/2007 de 25 de mayo del año pasado. Sin embargo, se trata de una medida que, a juicio del McCoy que esto escribe, peca por exceso y por defecto a partes iguales y les voy a explicar por qué. Primero, si lo que se persigue es cortar de raíz la picaresca de aquellos que, cumpliendo con la letra de la ley, han vulnerado su espíritu, lo normal es que el ministro ponga a trabajar a los servicios jurídicos del Estado para ir contra los que han hecho su agosto en las fronteras interpretativas de la norma, digo yo. Salvo que sus abogados, que son los de todos, no tengan nada que hacer en cuyo caso la responsabilidad sube unos cuantos peldaños y le llega, por la vía hereditaria, con todas sus implicaciones que, en la política patria, ya se sabe, es casi igual a ninguna. Segundo, nunca una propuesta, y más si tiene el carácter de sonda como ésta, puede venir acompañada de un castigo al conjunto de la industria a través de la limitación normativa a su expansión natural. Más allá de su carácter subvencionado o no, la energía solar fotovoltaica es limpia, inagotable y permite reducir nuestra dependencia energética exterior. Establecer un sistema de cupos, y limitarlo a la ridícula cantidad de 300 megavatios año, supone la muerte de un sector llamado a decir muchas cosas, en términos de empleo e innovación tecnológica, en nuestro país. Que no paguen justos por pecadores. Y, sobre todo, que no cercenemos de raíz uno de las pocas industrias capaces, a día de hoy, de jugar un papel preeminente en el plano internacional. ¿Será tan difícil de entender?

Vía: Cotizalia

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Industria

Nuevos barrios: ni se compra ni se vende

El parón inmobiliario se agudiza en zonas como Las Tablas y Sanchinarro

El centro comercial inmobiliario del Ensanche de Vallecas era un desierto en agosto. Y no sólo por el calor. De la veintena de casetas instaladas en la calle Real de Arganda, apenas cuatro o cinco mantenían sus puertas abiertas.

"La crisis se está notando mucho. Hace un año y medio yo tenía a gente esperando para informarles de los pisos, aunque fuera agosto. Ahora no hay nadie. Apenas si atendemos a una persona o dos cada día", explica Francisco Javier Barba. La promotora para la que trabaja ha construido un bloque de edificios en el barrio, pero no han vendido todos los pisos, por lo que el inicio de su segunda promoción, también en ese PAU, deberá esperar. "Estamos en crisis, la gente no compra pisos y las promotoras prefieren esperar a vender lo anterior para empezar obra nueva".

A varios kilómetros de Vallecas, en la calle de Adriano de Utrecht de Sanchinarro, una valla impide el paso a una parcela aún sin construir. No hay cartel de obra, ni información sobre el destino de la finca. El portero del bloque de viviendas situado justo enfrente tampoco sabe nada. "Eso se lo dicen en el Ayuntamiento", dice mientras se encoge de hombros a la sombra de su garita.

Según los datos del Ayuntamiento de Madrid, el ritmo de licencias de obra otorgadas en los nuevos barrios "es bueno". Así, mientras que en el PAU de Carabanchel (11.467 viviendas previstas) se habría dado luz verde al cien por cien de las mismas, en otros barrios, como Sanchinarro (13.568 viviendas) y Las Tablas (12.272 viviendas), las licencias de construcción entregadas superan ya el 90%. Los barrios más retrasados -el Ensanche de Vallecas (26.046 pisos) y Montecarmelo (8.547 pisos)- cuentan con el 83 y el 78% de las licencias de obra otorgadas. Urbanismo, sin embargo, asegura "desconocer" cuántas de estas viviendas no se han empezado a construir aún.

La realidad es un tanto diferente a las cifras. Bien lo saben los vecinos de estos nuevos desarrollos residenciales. "El Ayuntamiento podrá decir que ha entregado todas las licencias, pero, por ejemplo en Carabanchel hay aún un 10% de las parcelas sin edificar y ni siquiera tienen cartel que anuncia una promoción futura", destaca Juan Fernández, presidente de la asociación de vecinos del Ensanche de Carabanchel, el más avanzado de los cinco en marcha. Pero la crisis del ladrillo también se nota allí. Los bloques de color blanco de la calle de Joaquín Turina son un ejemplo: "La manzana es de 246 viviendas, pero sólo está vendido al 30% o el 40%", reconoce José María Flor, empleado de la empresa que los comercializa.

Los edificios en construcción no se detienen, pero no se venden la totalidad de sus viviendas. Las parcelas vacías se quedan como están a la espera de tiempos mejores. "Las empresas se están planteando esperar un par de años para empezar obras", indica José Antonio de las Heras en Vallecas. Su empresa ha construido dos bloques: de uno, con 77 viviendas, quedan por vender ocho; el otro está en construcción. "En el primero ya estamos haciendo un descuento de un 20%", precisa.

"Es verdad que ahora se vende menos, pero eso de que bajan los precios es un cuento", recalca la comercial de un bloque de medio centenar de pisos en Sanchinarro. En los barrios del norte no bajan de los 400.000 euros. Uno de 3 habitaciones en Las Tablas cuesta 582.000 euros y en Sanchinarro 475.000 euros. En Vallecas y Carabanchel el coste es menor: 365.000 por un piso de 3 habitaciones y 321.000 euros por uno de 2 habitaciones.

Si la venta de vivienda nueva se ha complicado en el último año, la de segunda mano afronta una situación aún peor. "Trabajamos más el alquiler. Tenemos casi 150 pisos a precios que van desde los 1.190 a los 1.250 euros, con dos habitaciones", explica la encargada de una inmobiliaria en la calle de Miralles (Las Tablas).

En Sanchinarro hay un cartel de "se vende" en un balcón de la calle de Isabel de Valois. Miguel ofrece su piso de un dormitorio con tres años de antigüedad, con garaje y trastero, por 370.000 euros "negociables". Lleva varios meses y aún no ha tenido suerte.

"Cuando se entregaron los primeros pisos florecieron los carteles de venta de pisos. Ahora, que han pasado 2 o 3 años, casi no hay ninguno", señala Alberto Navazo, presidente de la asociación de vecinos de Montecarmelo. "El 80% de los pisos están entregados, pero sólo un tercio está ocupado realmente. Quien compró para vender ahora no puede hacerlo".

La crisis no sólo afecta a la compraventa de pisos. Apenas si hay locales comerciales ocupados en la zona -los precios alcanzan 6.000 euros el metro cuadrado-. "Vivimos en barrios fantasma", explica Eloísa de Dios, vecina de Sanchinarro. Cualquier acto cotidiano es un problema. Paz Rodríguez vive en Montecarmelo, pero sigue empadronada en el barrio de sus padres. Donde vive no hay un centro de salud. "Andando sólo puedo ir a comprar el pan, para el resto tengo que utilizar el coche", cuenta.

Olga Hernández vive con su novio en un piso en el Ensanche de Vallecas y sabe bien lo que es un barrio sin servicios: "Aquí sólo hay bancos y cajas de ahorro, nada más".

Las Tablas: No tiene ambulatorio

El barrio de Las Tablas tiene unos 25.000 vecinos en las más de 9.000 viviendas ya terminadas y con licencia de primera ocupación. Cuando esté acabado, contará con 12.272 pisos.

Pese al gran número de vecinos, no cuenta con un centro de atención primaria. Hoy es la prioridad número uno para las familias. "Tenemos a todo el mundo movilizado por la causa. Hace unos meses ya entregamos 14.000 firmas en la Consejería de Educación para el ambulatorio, que estaba previsto en 2006", explica el portavoz de la asociación de vecinos, José Antonio Real. Tienen que conformarse con ir a Sanchinarro.

El centro de salud no es la única necesidad. La asociación de vecinos exige la construcción de un instituto y dos escuelas infantiles de 0 a 3 años, que se sumen a la que ya existe. La consejería construye un segundo colegio de primaria, que empezará a funcionar este curso.

"Hay otras peticiones que no se han cumplido, como un polideportivo, un centro cultural o una comisaría", destaca Real, quien asegura que aún existen "miles de metros cuadrados para equipamientos sin desarrollar" en el barrio.

Sanchinarro: Un instituto y una comisaría

En Sanchinarro viven cerca de 20.000 personas. De los más de 13.500 pisos previstos, 11.064 están ya acabados, según el Ayuntamiento. Sin embargo, el de los equipamientos es, como en el resto de los PAU, la asignatura pendiente. "No se han hecho bien las cosas. El crecimiento de los barrios debería haber ido en paralelo a la construcción de servicios para quienes vivimos aquí", señalan en la asociación de vecinos.

Cuentan desde hace algunos meses con un centro de salud; sin embargo, ahora piden un centro de especialidades que les permita no tener que desplazarse hasta Hortaleza. También tienen un colegio público que, a partir de este curso, incorporará nuevas aulas para educación infantil en el tramo de 0 a 3 años. Sin embargo, carecen de instituto de secundaria.

"Para este año estaban presupuestados un polideportivo municipal y un centro cultural, pero no tenemos noticias. Esperamos que, al menos, empiecen a construirse antes de acabar el año". Otro de sus anhelos, una comisaría, cuenta con el beneplácito de la Delegación del Gobierno, aunque se hará realidad "a medio o largo plazo".

Montecarmelo: Algún tipo de servicio cultural

De los nuevos barrios que han ido poblando el norte de Madrid, Montecarmelo es el que cuenta con menor número de habitantes, unos 10.000 según los cálculos de la asociación de vecinos. De las 8.547 viviendas que tendrá en el futuro, actualmente están terminadas algo más de 6.000. Puede que la construcción vaya a buen ritmo, pero en el barrio se consideran "abandonados" por las administraciones en lo que a equipamientos públicos se refiere.

"La previsión ha brillado por su ausencia y ahora nos faltan equipamientos básicos", insiste el presidente de la asociación de vecinos de Montecarmelo, Alberto Navazo. Entre las muchas carencias que hay que reivindicar, un centro de salud ocupa el primer lugar de la lista. Detrás le siguen un instituto y un segundo colegio de primaria, así como algún tipo de servicio cultural, del que actualmente carecen.

"La respuesta suele ser siempre la misma, ya sea el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid: decir a todo que sí, incluso situarte la parcela en la que se construirá el equipamiento. Pero luego añaden que no hay dinero", se queja Alberto Navazo.

PAU de Carabanchel: Otro colegio público

El Ensanche de Carabanchel parece a simple vista un barrio totalmente consolidado. En parte es cierto. Es el más avanzado de los cinco nuevos PAU de Madrid. Viven más de 20.000 personas y se han entregado 10.181 viviendas de las casi 11.500 previstas inicialmente. Sin embargo, bajo ese aspecto exterior de barrio "completo", hay aún muchas carencias, en opinión de los vecinos que ya viven allí.

"El Ayuntamiento cedió hace tiempo una parcela para un centro de salud en el barrio, pero no tenemos ni siquiera plazos de construcción", denuncia el presidente de la asociación vecinal del PAU de Carabanchel, Juan Fernández. Algo similar ocurre con el instituto previsto en el barrio: "Existe una parcela, pero nada más".

Las reivindicaciones no paran ahí. Los vecinos piden un colegio público que se una al ya existente y a los dos centros concertados, uno ya en marcha y el otro en construcción. Por suerte, en septiembre abrirá sus puertas el nuevo polideportivo, aunque "con mucho retraso", recuerdan los portavoces vecinales, que también echan en falta un centro cultural o una biblioteca pública.

PAU de Vallecas: Sin espacios deportivos

El PAU de Vallecas es la "joya de la corona" de los nuevos desarrollos. Al menos en relación a su número de viviendas: 26.046, de las que se han entregado ya 8.400. Lo de los servicios y los equipamientos ya es otro cantar para los cerca de 15.000 vecinos del barrio.

"Nos hace falta un colegio público que complemente al que ya existe y en el que ahora mismo se están mezclando en una misma aula alumnos de diferentes cursos", explica la presidenta de la asociación vecinal, Rosa María Pérez Mateo. Este curso abrirá sus puertas una nueva escuela infantil, acabada hace ya más de un año.

No obstante, las principales carencias se centran en materia deportiva y cultural. El Ayuntamiento se ha comprometido a levantar un polideportivo en la zona, pero no estará listo "hasta 2010 como pronto", precisa Pérez Mateo. Asegura "no tener claro" si la ciudad deportiva del Rayo Vallecano que se levantará en la zona dará servicio a los vecinos. La lista de peticiones se completa con una comisaría o un centro de especialidades que evite que los residentes tengan que trasladarse al de Puente de Vallecas.

Vía: El País

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El 30 por ciento de los jubilados vive en riesgo de pobreza en Cataluña

'La pobreza y edad están intímamente ligados'. Al menos ese es el caso de España en las actuales circunstancias. Así lo expresó Eva Granados, la secretaria de Política Institucional de UGT de Cataluña, quien explicó que el 28,4 por ciento de los jubilados en esta comunidad autónoma viven en riesgo de pobreza, pero el 83,5 por ciento de los catalanes mayores que viven solos perciben menos de 1.000 euros mensuales.

A pesar de que Cataluña es una de las comunidades autónomas donde las pensiones han aumentado más respecto al año anterior, todavía no son suficientes para que gran parte de los jubilados catalanes no estén en el umbral de pobreza.

Datos facilitados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración revelan que la pensión media de jubilación se situó en 830,27 euros mensuales en agosto, frente a los 816,61 euros del conjunto de España, que supone un incremento del 7,2 por ciento respecto al mismo mes del año pasado.

En Cataluña, un total de 912.261 personas recibieron pensiones de jubilación en 2007. Los salarios de las mujeres, tradicionalmente más bajos que los de los hombres, y el hecho de que hayan cotizado menos años han provocado grandes diferencias de género. Los hombres recibieron un promedio de 1.010,71 euros y las mujeres, 557.24 euros. En este sentido, del total de las 277.108 pensiones mínimas, el 70 por ciento corresponde a mujeres.

Aunque cualquier aumento siempre es positivo, los 830 euros no son suficientes para vivir con dignidad, cuando el salario mínimo interprofesional para 2008 es 600 euros. En palabras de Granados, 'es inadmisible en un estado desarrollado y una potencia económica'. Según el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC), el límite de ingresos para asegurar un nivel de vida digno es de 552,44 euros mensuales. Sin embargo, los catalanes no son los que peor lo está pasando.

Con 8 comunidades autónomas por encima y 10 por debajo en el ránking, según la cifra de la prestación, Cataluña se encuentra en el medio. En Galicia las pensiones apenas alcanzan el salario mínimo, 669,43 euros, igual que en Extremadura, 687,60 euros. Donde más dinero reciben los jubilados es en País Vasco, donde la pensión asciende hasta 1.025 euros, seguida por Asturias (1.014) y Madrid (984,02).

Dada la alta inflación, que ha disparado los precios de la alimentación, de la vivienda y del transporte, y que son los elementos del IPC que presentan la mayor variación interanual -7,0 por ciento, 8,4 por ciento y 10,6 por ciento respectivamente-, ser una persona mayor en España no es una tarea fácil. 'Tenemos unos abuelos que son pobres', concluye la secretaria de Política Institucional de UGT.

Al mismo tiempo, el Sistema de la Seguridad Social está 'más sano que nunca', según Granados, pues sus cuentas arrojaron un saldo positivo de 12.918.56 millones de euros en los siete primeros meses del año (12.836,96 en 2007).

Pese a que las pensiones aumentan eventualmente, en los tiempos de bonanza no se ha aprovechado el superávit para reducir el agujero en gasto social que el país arrastra respecto a la media europea. Según las estadísticas de Eurostat, España destina 33.202 millones de euros menos de la media de la Unión Europea en atender a personas mayores.

Vía: Terra actualidad

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Pistas para pedir un préstamo

¿Tipo de interés fijo o variable?

La mayoría de los créditos personales son a tipo fijo, debido a su corta duración. Sin embargo, en los últimos meses muchas entidades han sacado al mercado también préstamos referenciados al euríbor más un diferencial. El cliente debe tener en cuenta cuáles son las expectativas sobre los tipos oficiales, ya que si contrata un producto con un interés variable y el precio del dinero sube, su factura se encarecerá. Las ofertas actuales rondan el 10% TAE.

¿Qué entidades financieras tienen las ofertas más baratas?

Las entidades especializadas en los denominados créditos rápidos exigen menos requisitos para conceder un préstamo, pero aplican unas tarifas mucho más elevadas. En la mayoría de los casos, supera el 20% de interés. La banca tradicional, además, permite ya solicitar financiación por otros canales alternativos a la oficina, como el teléfono o internet aunque es necesario ser cliente.

¿Qué comisiones me pueden cobrar?

Casi ninguna entidad cobra la comisión de estudio en este tipo de créditos. No ocurre lo mismo con la de apertura y la de cancelación anticipada. En el primer caso suele rondar entre el 1% y el 2%, aunque algunos bancos y cajas fijan un mínimo. Si se trata de un préstamo con un tipo de interés cero, como en los anticipos nómina que muchas entidades ofrecen, esta tarifa suele ser más alta.

¿Cuál es el importe mínimo y máximo que se puede solicitar?

El mínimo ronda los 3.000 euros (una cantidad inferior se puede pedir como adelanto de la nómina, sin prácticamente costes) y el máximo alcanza en algunos casos hasta los 60.000 euros. El tipo de interés variará precisamente en función del importe.

¿A qué plazo se dan los préstamos?

Existe un amplio abanico. Puede oscilar entre los seis meses si se trata de un anticipo y los diez años (Santander y BBVA cuentan con el Supercrédito y el Creditón a este plazo). Lo normal es que la media ronde un máximo de cinco años.

¿Cuándo hay que pagar la cuota?

Muchas entidades permiten elegir el día de cargo de la cuota mensual. Otras incluyen periodos de carencia, durante los cuales no se pagan intereses.

Vía: CincoDías

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