El precio del suelo urbano, que supone entre el 40% y el 60% del precio final de las viviendas, se situó en los 258,8 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre del año, lo que supone un descenso del 7,8% respecto al mismo periodo de 2007, según datos del Ministerio de Vivienda.
En los municipios de más de 50.000 habitantes, el precio del metro cuadrado alcanzó los 627,8 euros (-8,8%); en los de entre 10.000 y 50.000 habitantes, se situó en los 314,8 euros (-3,3%) y en las localidades de entre 5.000 y 10.000 habitantes, llegó a los 191,9 euros (-2,4%).
Además, el número de transacciones de suelo registradas en el segundo trimestre alcanzó las 7.956 operaciones, lo que supone un 38,1% menos que las realizadas en el mismo periodo de 2007 y un 10,5% menos que en el primer trimestre de este año.
Vía: CincoDías
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El precio del suelo urbano cae un 7,8% interanual en el segundo trimestre
Los ingresos se hunden y el déficit del Estado se dispara hasta los 14.638 millones de euros
El hueco que ha abierto la crisis económica en las cuentas públicas se hace más grande. Hasta agosto, el presupuesto del Estado registró un déficit de 14.638 millones, equivalentes al 1,31 del PIB. Un año antes, había superávit de 11.816 millones (el 1,12% del PIB).
El deterioro de las finanzas públicas se debe, sobre todo, a la pérdida de ingresos por el parón de la actividad económica. Especialmente llamativa ha sido la caída del Impuesto sobre Sociedades en agosto, mes en el que se ingresa la declaración fiscal de las empresas correspondiente al ejercicio de 2007. A pesar de que los resultados empresariales todavía fueron buenos el año pasado, la recaudación no lo ha reflejado y Hacienda ha obtenido unos 6.500 millones menos en agosto que el año pasado.
Mirar con lupa
El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, explicó que este descenso se debió al recorte del tipo del impuesto y al "fuerte incremento de las deducciones" que se han aplicado las empresas, a pesar de que la reforma fiscal también rebajó la cuantía de las deducciones. Por eso, Ocaña avisó de que "estamos mirando con lupa y con cuidado cuál ha sido la aplicación de los beneficios fiscales".
A este respecto, el Grupo Socialista y CiU pactaron en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que plantea "mantener" la deducción empresarial por I+D+i más allá de 2011, cuando debía analizarse si este incentivo continúa o desaparece. La proposición insta al Gobierno a realizar en la primera mitad de 2009 tal análisis sobre la eficacia de estos incentivos fiscales, "con el fin de propiciar de inmediato inversiones en proyectos a largo plazo" .
Ocaña, además, explicó que la recaudación del Estado se ha resentido por las diferentes medidas fiscales adoptadas por el Gobierno "para inyectar liquidez a familias y empresas". Las reformas en IRPF, Sociedades e IVA han restado este año 13.250 millones a la recaudación; con ellos, el déficit sería de sólo el 0,12% del PIB.
Ocaña, en todo caso, aseguró que "lo más intenso del ajuste en las cuentas públicas ya se ha producido".
Bien la Seguridad Social
Frente al déficit del Estado, la Seguridad Social sigue con resultados positivos. El sistema de protección social obtuvo un superávit de 15.971 millones de euros entre enero y agosto, un 4% más que en el mismo periodo de 2007.
El superávit es resultado de unos ingresos de 84.025,86 millones (un 8,9% más), frente a unos pagos de 68.054 millones (10,11% más).
Hacienda niega 3.000 millones de anticipo a las autonomías
El Ministerio de Economía y Hacienda remitió ayer, vía fax, a una docena de autonomías (todas las de régimen común, menos Cantabria, Canarias y Galicia), la resolución en la que se les deniega un anticipo equivalente al 4% de los ingresos que reciben del IRPF, IVA e Impuestos Especiales. En conjunto, no recibirán unos 3.000 millones de euros.
Carlos Ocaña explicó que la norma que regula estos anticipos, acordados en la II Conferencia de Presidentes para financiar la sanidad, establece que no se pueden conceder en el caso de que la recaudación fiscal vaya por debajo de lo presupuestado, como está sucediendo este año. "Es imposible conceder esos anticipos porque daría lugar a que las comunidades tuvieran que devolver el dinero más adelante", dijo.
Sí, en cambio, se dará a los municipios el anticipo que han pedido, 445 millones, porque se les concede de acuerdo con la recaudación de 2007, que fue superior a la prevista.
Las autonomías, especialmente las del PP, protestaron por la decisión del Ministerio. La consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, aseguró a Público que van a recurrir la resolución y manifestó que, sin este anticipo, "se coloca a muchas comunidades en una situación de dificultad para terminar el ejercicio". Esta autonomía solicitó 251 millones. El consejero de Madrid, Antonio Beteta, que pidió 418 millones, afirmó que la decisión "obliga a un ajuste o a tener déficit", y Murcia, que deja de ingresar 95 millones, declaró que el Gobierno "asfixia" financieramente a las autonomías.
Baleares, del PSOE, calificó la decisión de "una mala noticia para una autonomía tan mal financiada". Otras comunidades socialistas, como Castilla-La Mancha, Aragón, o Asturias, encajaron mejor la resolución de Hacienda, pese a la importante merma de recursos que les supone (179, 120 y 115 millones, respectivamente). Y Catalunya aceptó sin protestas la decisión de Hacienda
Vía: Público
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Los bancos españoles no colocan bonos ni con el aval del Estado
La cerrazón de los mercados financieros empieza a alcanzar extremos impensables por culpa de la gravísima crisis que atraviesa la banca mundial. Las entidades españolas no son capaces de vender bonos ni siquiera con aval del Estado, en concreto titulizaciones de créditos concedidos a pymes. Le acaba de ocurrir a Banco Sabadell, que pretendía colocar 402,5 millones de euros en estos títulos la semana pasada. El Popular ni siquiera ha intentado vender una emisión similar, sino que directamente se ha quedado con los bonos para llevarlos a descontar al BCE.
Era bien conocido que el mercado estaba cerrado y era imposible colocar en mercado una emisión de deuda privada desde agosto (la última que lo logró fue Sa Nostra, batiendo el récord de tipo de interés desde que comenzó la crisis). Pero que ni siquiera se puedan colocar bonos con aval del Estado ha sorprendido a distintos profesionales del mercado, puesto que el cobro está garantizado por un emisor con calificación de triple A como es España.
Este tipo de titulizaciones se acogen a un programa llamado FTPyme, lanzado por el Gobierno en 1999 y que consiste en aportar el aval del Estado a las titulizaciones de créditos que cumplan una serie de condiciones, la principal de las cuales es que el 80% de los créditos titulizados tengan como destino las pequeñas y medianas empresas. Se trata de una línea de avales parecida a la que anunció el ICO en abril para titulizar préstamos a promotores de VPO, dotada con 3.000 millones de euros.
El banco que preside Josep Oliu presentó el 19 de septiembre un folleto a la CNMV para la emisión de bonos de titulización por valor de 1.000 millones en varios tramos. Sólo uno de ellos, el que contaba con aval estatal, iba destinado a la venta en mercado, mientras que el resto estaba destinado a aumentar el colchón de liquidez del banco: se trata de valores directamente descontables como garantía en las subastas del BCE. En el caso del Popular, que registró su emisión el día 25, los 1.000 millones iban destinados íntegramente a servir de colateral en el banco central.
Un portavoz del Sabadell ha aclarado que guardarse estas emisiones para acudir al BCE "no es un mal menor, sino una contingencia que está prevista en un mercado como el actual: si colocas los bonos bien; y si no, para engrosar la recámara de liquidez del banco". Una recámara que alcanza los 5.000 millones de euros en activos descontables ante el BCE, que hay que sumar a otros 2.100 millones que sí ha colocado en mercado este año en cédulasy otras emisiones garantizadas por la Generalitat o el Estado. Además, el banco tiene un gap comercial positivo (es decir, tiene más depósitos que créditos), con lo que en principio no necesitará acudir a estas fuentes de liquidez.
Desconfianza de España
El citado portavoz añade que "el mercado está totalmente cerrado y, en esas circunstancias, es lógico que no se coloque nada ahora mismo". Sin embargo, fuentes del mercado hacen una lectura bastante más negativa de lo ocurrido: "Ya no estamos hablando de que el mercado no se fíe de tal o cual banco, sino que no se fía de un Estado que tiene un rating de triple A", explica una de ellas. Otra asegura que "no deja de ser normal, dada la enorme desconfianza de los extranjeros en la situación económica española por culpa del derrumbe inmobiliario y del exceso de endeudamiento".
Esta desconfianza puede suponer un serio problema para un país que, en lo que va de 2008, ya ha emitido un 28% más de deuda pública que en todo el año pasado. Y quer va a tener que seguir vendiendo bonos a toda velocidad para financiar un déficit público que está creciendo exponencialmente por culpa de la crisis.
Vía: Cotizalia
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Vivienda plantea poner límites al esfuerzo hipotecario en VPO
El Ministerio de Vivienda cocina el nuevo Plan de Vivienda que se pondrá en marcha en 2009 y hasta 2012. Entre las principales novedades del borrador que debate con las comunidades autónomas, al que ha tenido acceso Público, figura un nuevo filtro financiero para los ciudadanos que accedan a la compra de una vivienda protegida: no podrán destinar más del 40% de sus ingresos a pagarla.
Algunas autonomías han mostrado su preocupación por este nuevo tope ya que puede dejar fuera a muchos jóvenes mileuristas, según fuentes de varios gobiernos autónomicos. "Esto puede excluir a priori a las rentas más bajas", señalan desde una comunidad no gobernada por el PP, en la que apuntan que el límite puede invadir las competencias autónomicas en viviend
El precio medio de un piso de VPO de 90 metros es de 100.125 euros, aunque ronda los 110.000 euros en comunidades como Catalunya, Baleares, País Vasco o Navarra. La cuota de una hipoteca a 30 años al 5,09% -el tipo de interés oficial del actual Plan- estaría entre los 542 y los 596 euros al mes. Eso significa que los ingresos deberían ser, como mínimo, de 1.355 euros mensuales.
Fuentes de las negociaciones apuntan que exigir un límite del 40% de los ingresos vendría recomendado por las entidades financieras, que luego también acuerdan con el ministerio ayudas para los préstamos preferentes que entran dentro del Plan de Vivienda estatal.
Prudencia extrema
Desde que estalló la crisis de las hipotecas basura, bancos y cajas han restringido al máximo la concesión de hipotecas tanto a promotores como a particulares y están extremando la prudencia para evitar al máximo los impagos.
El ministerio que dirige Beatriz Corredor hace hincapié en que el texto es un documento de trabajo en el que "todo puede cambiar" y señala que no hay una propuesta "ex profeso" de la banca sobre el tope para el pago de una VPO. Vivienda admite que este límite es un "elemento de matización del riesgo" de impago e incluirlo supone recoger "la práctica habitual de las entidades financieras", explicó una portavoz.
Si hay cambios, las Comunidades Autónomas se enterarán, en principio, este jueves, cuando está prevista una reunión multilateral en la que el ministerio les puede entregar un nuevo documento que recoja sus alegaciones.
Otra de las novedades del Plan de Vivienda es el alquiler con opción a compra, una figura que ya recogen o están en vías de hacerlo en sus planes regionales algunas CCAA, como Madrid, Murcia, La Rioja o Aragón. En este caso, Corredor ha establecido bases flexibles para que las comunidades puedan acogerse a las ayudas. El alquiler mínimo sería de cinco años y, al menos, el 50% de las rentas pagadas durante el arrendamiento computarían luego como parte del pago de la casa, si el inquilino decide comprarla.
Vía: Público
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