La crisis económica está teniendo un efecto devastador sobre las cuentas públicas (14.638 millones de déficit en los ocho meses primeros meses del año). Pero no sólo debido a la caída de la actividad económica, lo que indudablemente afecta a la recaudación. Lo que parece estar detrás de este recorte en los ingresos públicos es que el fraude fiscal se ha disparado en los últimos meses a la luz de la información que suministra la Contabilidad Nacional. En particular, en todo lo relacionado con el IVA.
Los datos no dejan lugar a dudas, y tienen que ver con el hecho -verdaderamente singular- de que mientras los ingresos ligados a los impuestos sobre la producción y la importación (principalmente el IVA) literalmente se han derrumbado (con una caída del 15,8%), el excedente bruto de explotación (los beneficios de las empresas) crecen todavía muy por encima del PIB, lo que a priori es una contradicción. Si hay menos actividad económica, lo razonable sería pensar que también las empresas deben ver recortados sus márgenes. De hecho, la recaudación por el Impuesto de Sociedades está retrocediendo nada menos que un 29,6% respecto a agosto de 2007.
Sin embargo, en términos de Contabilidad Nacional (reparto de la tarta entre los diferentes agentes económicos) está ocurriendo algo insólito. Mientras que el PIB crece un 5,3% en términos nominales (con inflación), los beneficios de las empresas están aumentando, según Estadística, un 9,9%. El avance de las rentas empresariales no puede achacarse a una caída del peso de los salarios en el PIB, ya que la remuneración de los asalariados está creciendo un 5,5%, ligeramente por encima de lo que avanza el Producto Interior Bruto. Por el contrario, lo que está cayendo de una forma verdaderamente brusca son los impuestos vinculados a la actividad económica, que en el segundo trimestre del año retrocedieron un 13,8% en Contabilidad Nacional.
Según los expertos, se trata de una tasa verdaderamente elevada teniendo en cuenta que la causa principal de la caída de la recaudación en el IVA tiene que ver con el negocio inmobiliario, pero como recuerda un analista, “los pisos tributan al 7%”, prácticamente la mitad de lo que están cayendo los ingresos por IVA.
Lo ocurrido entre abril y junio no es un fenómeno singular, ya que lo mismo viene sucediendo desde el tercer trimestre de 2007, que es cuando comienza a observarse una clara divergencia entre beneficios empresariales y recaudación fiscal. En los trimestres anteriores, ambas rúbricas habían crecido siempre de una forma prácticamente homogénea (7,9% y 7,2% en el primer trimestre o 7,5% y 6,6% en el segundo, respectivamente), pero tras destaparse la crisis económica (todavía de forma incipiente por aquellos meses) lo cierto es que excedentes empresariales e ingresos públicos han seguido caminos opuestos.
Fuerte recorte de las operaciones interiores
La divergencia tampoco puede achacarse a una caída de las operaciones exteriores como consecuencia de un debilitamiento de las importaciones (lo que es coherente con el nuevo entorno económico), toda vez que están creciendo un 1,9%. Por el contrario, las operaciones interiores, son las que está sufriendo un fuerte recorte, de nada menos que el 19,4%, según los datos de la Intervención General del Estado.
Es decir, que mientras la recaudación fiscal relacionada con la actividad económica se ha hundido, los beneficios empresariales ganan peso en el reparto de la renta nacional, sin que los salarios hayan sufrido merma alguna.
Vía: Cotizalia
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La crisis económica destapa un fuerte aumento del fraude fiscal en el IVA
La promotora del megacasino Gran Scala empieza a adquirir terrenos sin dinero suficiente
Gran Scala, el proyecto de megacasino previsto en el desierto de Los Monegros, en Aragón, ya cuenta con una ubicación: el municipio popular Ontiñena, con el visto bueno del Gobierno de Aragón, y con unos 130 propietarios del lugar dispuestos a ofrecer sus secanos a 9.000 euros la hectárea y sus eriales a 6.000, “cinco veces su valor”. Sin embargo, la promotora de la criatura, International Leisure Developement (ILD), sólo “va a desembolsar en principio un 4% del valor del terreno”, según han confirmado portavoces del consorcio. El proyecto, cuya inversión fue cuantificada nada menos que en 17.000 millones de euros –más que la capitalización bursátil del Banco Popular, el tercer banco español-, ni siquiera tiene registrados los 40 millones de euros que aseguró poseía.
El Confidencial ha tenido acceso al annual return del Companies House británico, donde figura ILD, y a septiembre de 2008, el capital de la sociedad no se había movido un ápice de las 750.000 libras con que contaba en un principio. El pasado mes de mayo, ILD anunció que había aprobado “una ampliación de capital de 40 millones de euros”, según publicó entonces El Periódico de Aragón. Según ese diario, “la totalidad de las acciones de la ampliación fueron suscritas por Development Capital Management (DCM), un fondo de capital riesgo con sede en Jersey y oficinas en Londres, Estambul, Sofía y Argel en la que participan los bancos HSBC, Barclays, UBS y Royal Bank of Canada, además de filiales de Deustche Bank, Nutraco, Bank of New York y Credit Suisse. A principios de año participaba en la financiación de proyectos por valor de 1.600 millones de dólares”. “ILD cuenta con ese dinero en virtud a un acuerdo con DCM. El que no figure en el Companies House no significa nada. No hay ningún problema”, aseguran los portavoces de ILD.
ILD ya tiene filial española
En aquella información, se aseguraba que la mitad de los fondos que generara esa operación societaria iban a ser destinados a la compra de las más de 2.000 hectáreas de terrenos en Los Monegros que requería el proyecto. La adquisición de suelo -o la presentación de avales por los 20 millones en los que estaba estimado su coste- era una condición sine qua non del Gobierno de Aragón para mantener su apoyo a la idea.
“En la actualidad, la promotora del proyecto se encuentra en fase de definir las lindes, confirmar que los terrenos no tienen cargas, etc.”, añaden desde el consorcio. Es destacable que de las 2.900 hectáreas de terreno en Ontiñena con que ya cuenta, 1.300 hectáreas pertenecen al Ayuntamiento de la localidad.
El pasado mes de mayo, ILD hizo público que la filial local de ILD, ILD-Spain, ya había sido constituida y estaba pendiente de que el Registro Mercantil la inscribiera para comenzar a operar. Este online ha comprobado que, efectivamente, la empresa está registrada. Como presidente figura el belga Pierre Louis Amancic, nombrado el 1 de octubre de 2008; y como consejeros, Paul Stephan Allegrini y Sebastian Julian Tranchant como consejeros. El secretario es Juan Manuel Pargada Getino. Y el accionista de la española, con sede en Zaragoza, es International Leisure Development PLC, desde Reino Unido.
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Las constructoras, al borde del abismo
Por si el sector constructor español no tenía bastante con la grave crisis del sector, el reciente derrumbe bursátil ha dejado a muchas empresas al borde del abismo (incluso tras la recuperación de los dos últimos días). El brutal endeudamiento de los años del boom, provocado en general por las grandes operaciones corporativas, se convierte en un verdadero drama con la caída de las cotizaciones, puesto que los ratios deuda/capitalización se han disparado hasta los niveles más altos de las grandes empresas europeas. Y eso puede obligar a ejecuciones masivas de garantías, puesto que estos créditos tienen como único respaldo en la mayoría de las ocasiones las propias acciones de las empresas adquiridas. Además, casi todas estas compañías tiene un cash flow libre (después de gastos e inversiones) negativo, en general por culpa de los enormes pagos de intereses de su deuda.
Las cifras son demoledoras. La palma se la lleva Ferrovial, con una deuda neta que supone el 1.289% de la capitalización de la compañía al cierre de la semana pasada, según estimaciones de Crédit Suisse; esto no tiene en cuenta la recuperación del lunes y el martes, pero, en todo caso, la constructora de la familia Del Pino acumula un batacazo del 42,67% en 2008. El grueso de la deuda proviene de la compra de la gestora de aeropuertos británica BAA y estuvo a punto de llevarse la empresa por delante en agosto, aunque consiguió refinanciarla. Ferrovial pretende reducir aún más esa carga con la venta del aeropuerto de Gatwick.
Por detrás aparece Acciona con un ratio de deuda sobre capitalización del 509%. Y es que la constructora de los Entrecanales es el peor valor del Ibex en lo que va de año, con una espectacular caída del 62,54%. La deuda en este caso proviene de la OPA sobre Endesa, que ha dado paso desde hace unos meses a una batalla encarnizada con Enel en la que los Entrecas han ninguneado a los italianos con la intención de forzarles a comprarles su parte antes de que venza la opción de venta en 2010.
En tercer lugar nos encontramos con ACS, donde la proporción deuda/capitalización alcanza el 344%. La empresa que preside Florentino Pérez lo ha hecho bastante mejor que sus rivales en bolsa (sólo pierde el 27,09% este año), pero también acumula un ingente endeudamiento fruto de su intento de asalto a Iberdrola (donde controla el 12%), endeudamiento que se verá aliviado si finalmente prospera la OPA de Gas Natural sobre Fenosa, de la que ACS es el principal accionista. De hecho, esta semana se ha enfrascado en una polémica con el citado Crédit Suisse por un informe en el que el banco suizo cifra en 1.600 millones de euros las aportaciones adicionales que debe realizar por el desplome de Iberdrola y Hotchief en bolsa (en el caso de la eléctrica, los margin calls se activaban a 9,1 y 8,4 euros, y ayer cerró e 6,39).
Luego aparece FCC, donde la deuda supone el 280% de la capitalización, pese a que la compañía que preside Esther Koplowitz no se ha embarcado en ninguna operación corporativa de gran calado. Acumula una pérdida en bolsa del 36,28% en lo que va de año. Más lejos nos encontramos a Metrovacesa, con un 199% de deuda respecto a su capitalización, con una caída acumulada en 2008 del 35,46%. Aunque los Sanahuja traspasaron su deuda a Metrovacesa tras su compra, la capitalización bursátil de la compañía es superior a la de muchas constructoras e inmobiliarias del Ibex, casi de 4.000 millones. En todo caso, la incapacidad para hacer frente a su deuda ha provocado que los bancos acreedores tomen el control de la compañía.
La responsabilidad de la banca
En el estudio de Crédit Suisse al que ha tenido acceso El Confidencial no incluye a Sacyr Vallehermoso porque su cash flow libre es positivo, pero en todo caso la proporción de deuda sobre capitalización supera el 600%, lo que le situaría en segundo lugar de este ranking de los horrores por detrás de Ferrovial. La fortísima deuda de la compañía, superior al 19.000 millones, proviene de la compra del 20% de Repsol. La empresa de Luis del Rivero es el segundo peor valor del Ibex en 2009, con un batacazo del 61,18%. Ayer sufrió una caída del 7,57% pese a que el Ibex se anotó el 2,7%.
Algunos expertos consultados consideran que hay que repartir la culpa a partes iguales entre las constructoras que se embarcaron en proyectos megalómanos (bocados demasiado grandes que no podían masticar, como dicen los anglosajones) y los bancos que los financiaron alegremente mediante grandes créditos sindicados de los que nadie se quería quedar fuera. Hoy esas alegrías son las que han obligado a poner en marcha grandes planes de rescate del sector, y no sólo en España: algunas de las entidades más activas en estas operaciones, como Royal Bank of Scotland, Hypo o HBOS están hoy en la cola para recibir dinero público.
Dentro de las compañías más endeudadas de Europa aparecen otras españolas pertenecientes a otros sectores, como Cintra (filial de Ferrovial), con un ratio del 288%, NH Hoteles (397%) o Abengoa (345%). En el resto de Europa, sólo pueden compararse con este desastre compañías poco conocidas como la alemana Public Power (ratio del 209%), la italiana Fastweb (206%) o los pubs británicos Mitchells & Butlers (532%) , aunque también la aerolínea escandinava SAS, propietaria de Spanair (464%).
Vía: Cotizalia
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La caída de grandes inmobiliarias deja a sus proveedores sin empresa y hasta sin casa
La suspensión de pagos de grandes inmobiliarias como Martinsa-Fadesa han dejado tras de sí a miles de proveedores –contratas y subcontratas de construcción, albañilería, pintura, pavimentos, materiales- en situaciones dramáticas. Tanto, que no sólo se ha llevado por delante sus empresas -pymes que van de los 10 a los 200 trabajadores- y, en muchas ocasiones, hasta las propias casas de sus administradores, pues ellos mismos eran avalistas de todos los préstamos que pedían para su empresa.
Dichas contratas se veían obligadas a pedir líneas o pólizas de crédito a las entidades, que les adelantaban el dinero -comisión e intereses incluidos- para operar y pagar nóminas, ya que las promotoras les pagaban 120 ó 180 días después de haber ejecutado los trabajos. Cuando llegaba la fecha de vencimiento (cuando pasaban los 180 días), las promotoras pagaban a las contratas y subcontratas y, éstas, a los Bancos que les habían adelantado el dinero.
Aún peor, en pleno apogeo inmobiliario, cuando el numero de promociones se multiplicaba año a año, algunas de estas pequeñas contratas y subcontratas se centraron en grandes promotoras. Así, trabajaban sólo para dos, tres o cuatro promotoras, por lo que el riesgo que tenían acumulado con éstas era muy elevado. Ahora se encuentran con pagarés impagados no sólo de Martinsa-Fadesa, sino también de otras inmobiliarias como Proinsa.
Importantes agujeros en miles de pymes
Con el abrupto estallido de la burbuja, el promotor ha optado por dejar de promover y si ya tenía mucha obra en curso, ha optado por pedir el Concurso de Acreedores o desaparecer. Tanto los que han desaparecido como los que han optado por el Concurso de Acreedores, han dejado importantes agujeros en miles de contratas y subcontratas repartidas por toda España.
Se trata de pymes de cierto nivel y de miles de pequeñas empresas especializadas en diferentes “oficios”. Estas pymes se ven abocadas a pedir su propio Concurso de Acreedores o, en su caso, a solicitar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a parte de la plantilla. A su vez, lógicamente, estas contratas y subcontratas están dejando tras de sí a muchas personas que tienen que despedir y que, difícilmente, encontrarán un empleo en su especialidad.
Forolegal Abogados, bufete coruñés que representa a unos 200 proveedores acreedores de Martinsa-Fadesa, trabaja intensamente para este tipo de empresas, de entre 6 y 200 trabajadores. “Lo primero que hacemos es analizar la viabilidad de la empresa (que tenga una capacidad profesional acreditada, experiencia, personal cualificado y suficiente, etc.). Si la empresa tiene varias líneas de actividad (por ejemplo: albañilería y electricidad), pues entonces dividimos la empresa en dos para disminuir riesgos y, especialmente, para que la actividad más rentable no se vea abocada al cierre por culpa de la “otra” actividad menos rentable”, explica Ignacio González Rivera, de Forolegal. A continuación, abren diálogo extrajudicial con todos los bancos acreedores y con el resto de acreedores comerciales, ofreciendo un plan de pagos aplazado para que la empresa pueda seguir trabajando.
“Al mismo tiempo, presentamos normalmente un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) para despedir al personal no-necesario-imprescindible para poder continuar con la actividad. Es una decisión dura: pero cuando tienes 70 empleados tienes que decidir si continuar con 40, o arriesgar la empresa y los 70 empleados. Cuando no conseguimos alcanzar un acuerdo con los Bancos o con los Acreedores, porque hay alguna empresa o Banco que no quiere aplazar pagos, entonces preparamos el Concurso de Acreedores de la Empresa”. Concurso que viene motivado, precisamente, por el concurso previo de las promotoras.
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